Según informó el Ministerio de Política Territorial, los dos convenios suscritos responden al compromiso del Gobierno de España con la simplificación y los procesos de reducción de cargas administrativas para flexibilizar las estructuras de las administraciones públicas y superar las dificultades que la ciudadanía y el sector empresarial puedan encontrar con el sector público.

 

La Unión Europea y la OCDE recomiendan a los Estados la mejora en la reducción de formularios y declaraciones y fomentar la simplificación de procedimientos administrativos y normativos. También los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con los que los Estados miembros de la ONU están comprometidos, promueven la creación de instituciones eficaces que rindan cuentas, así como garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de la sociedad.

 

Asimismo, la situación de pandemia provocada por la Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de que las administraciones públicas actúen con agilidad para hacer frente a las demandas de la ciudadanía. Finalizada la vigencia de los anteriores convenios se considera de interés nuevos convenios para seguir analizando la normativa y eliminar, cuando se identifiquen, trabas burocráticas.

 

 

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene entre sus prioridades la mejora de la atención a los ciudadanos y ciudadanas con la Administración General del Estado (AGE). De forma especial con CERMI, que representa a las personas con discapacidad y a sus familias, para desarrollar planes y programas que mejoren la atención y la inclusión e identifiquen las trabas burocráticas que todavía existen para este colectivo en su relación con la AGE.

 

CERMI es la plataforma de representación, acción y defensa de las personas con discapacidad y sus familias, de la que forman parte todas las organizaciones estatales de la discapacidad, integradas a su vez por más de 7.0000 asociaciones, organizaciones y entidades que representan en su conjunto a casi cuatro millones de personas con discapacidad en España, y que tiene entre sus fines prioritarios la mejora de las condiciones de vida y sociales.

 

Por otro lado, el convenio con ATA tiene como objetivo propiciar la reducción de trámites y cargas burocráticas, además de facilitar la relación de la ciudadanía y autónomos con la Administración y contribuir a la reducción de costes de explotación de las actividades mercantiles, ayudando a mejorar la competitividad de las empresas, su desarrollo y su futuro. ATA representa a casi 500.000 trabajadores y trabajadoras por cuenta propia e integra a más de 800 organizaciones con presencia en todo el territorio nacional.

 

Fuente: Servimedia